Lo que parecía inevitable, finalmente se cristalizó. Estados Unidos y posteriormente Canadá, decidieron solicitar consultas de resolución de disputas bajo el marco regulatorio del T-MEC, debido a la politica energética adoptada por México.
¿Los motivos? Reclaman lo que hemos venido escuchando durante meses, varias reformas y acciones de la política energética del gobierno mexicano contravienen lo estipulado en el tratado; además, otorgan ventajas a las paraestatales mexicanas sobre las empresas privadas estadounidenses y canadienses.
Ante esta situación, inevitablemente lo primero que surge es un escenario futuro en el cual, es posible una fractura en la relación comercial tripartita, que se merme la competitividad de la región y se dañe tanto el crecimiento como recuperación del país.
El sector energético resulta fundamental para cualquier economía, principalmente en un entorno como el que se vive actualmente; sin embargo, mientras que del lado estadounidense perciben faltas en la esencia del tratado, del lado mexicano se mira como un ataque político.
En México insisten: «Política energética no atenta contra T-MEC»
El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura al respecto: “no hay de que preocuparse” dijo, e incluso, acusó nuevamente al sector privado de orquestar la solicitud de dichas consultas.
Por su parte, la Iniciativa Privada en México, le respondió al presidente por medio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y especificaron que, si se llegó a tal decisión fue por la actitud discriminatoria que ha tenido el gobierno mexicano hacia las empresas energéticas extranjeras y aseguran que no se puede poner en riesgo el propio T-MEC, un instrumento de crecimiento y desarrollo para el país, el cual, en los últimos 30 años hizo más eficiente al sistema eléctrico nacional.
Mientras tanto, figuras estratégicas de la administración mexicana como el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, o la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, han respaldado al presidente y han reiterado una y otra vez que no se ha violado el T-MEC, por lo que se presentarán los argumentos necesarios para defender la postura a las modificaciones de la política energética de México.
De no llegar a un acuerdo en los próximos 75 días, plazo que corre desde el pasado 20 de julio, las tres partes deberán recurrir a la instalación de un panel de solución de controversias, compuesto de tres a cinco panelistas que decidirán la sentencia a través de un reporte inicial, para el cual contarán con otros 150 días, y luego un reporte final, en un lapso de 30 días.
Si después de todo este largo proceso sigue sin resolverse las diferencias, el siguiente paso será la imposición de aranceles; aunque desde ya, se puede percibir que el mensaje es claro: “México yace como un destino menos tractivo para las inversiones”.
¿Qué reclaman Estados Unidos y Canadá?
Toda vez que el gobierno mexicano recibió las solicitudes de consulta por parte de sus socios comerciales, se sabe que estas guardan similitudes, por lo que básicamente giran en torno a:
- La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, que posteriormente fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022, la cual favorece a las centrales de la CFE en el despacho eléctrico.
- Los constantes retrasos, revocaciones y negativas a los permisos otorgados a empresa privadas para permitirles gestionar centrales de energía renovables; así como, comercializar combustibles y todo lo que su cadena de valor conlleva.
- El plazo extendido a PEMEX por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para cumplir con la norma oficial mexicana que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diésel automotriz.
- La política y estrategias anunciadas por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para garantizar el abastecimiento de gas natural en territorio nacional.
“No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se venza” reza un refrán popular de la cultura mexicana; de modo que, para nuestro país es la última llamada de atención para corregir el rumbo de su política energética y con ello, generar un nuevo ambiente de confianza para las inversiones extranjera, así como encaminarnos hacia una mejor transición energética.