Inaudito, así podría describirse lo sucedido el pasado 03 de agosto en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde nuevamente se registró un accidente que involucra mineros atrapados, en esta ocasión 10 trabajadores.
Y el calificativo no iría en el sentido de sorpresa, aun cuando por sí mismo resulta impactante, sino porque las condiciones en que ocurrió son las mismas que han originado 310 eventos más de la misma naturaleza durante poco más de un siglo.
Por alrededor de 2,000 pesos a la semana o en el mejor de los casos 11,800 pesos al mes, los hombres en los municipios carboníferos del norte del país arriesgan la vida, principalmente porque dicha actividad yace como la única forma de sostener a sus familias
No cuentan con las medidas mínimas de seguridad, mucho menos de higiene, tampoco cuentan con un contrato que les garantice una vida digna para sus familias en caso de que tengan algún percance, en el mejor de los casos, se encuentran subcontratados.
La operación de estas minas tampoco está en función de los debidos estudios de viabilidad para prevenir posibles afectaciones que pongan en riesgo la vida de los trabajadores; todo ello, bajo la mirada despreocupada de las autoridades y la imperiosa necesidad del mineral por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De ahí que este tipo de lugares y actividad se les conozca en Coahuila como “carbón rojo”, en alusión a la peligrosidad que representan, pero también en analogía a que la extracción del mineral se encuentra teñida de sangre.
De acuerdo con organizaciones civiles como el Colectivo Pasta de Conchos o la Fundación Heinrich Böll, los dueños de las minas no invierten en seguridad, reducen los costos de la extracción al mínimo y maximizan sus ganancias; no obstante, lo hacen porque nadie les obliga a desenvolverse en apego a los derechos humanos y laborales.
Al respecto de este caso, se sabe que la Secretaría de Economía señaló en un comunicado que no había antecedentes de denuncias por anomalías, lo cual refuerza el señalamiento de que no se llevan a cabo monitoreos de presencia de gas o agua subterránea
¿Cuántas vidas de mineros más se necesitan para que las autoridades actúen como tienen que hacerlo? Al menos en la práctica se entendería que dada la política energética que impera en el país, los cambios no llegarían en el futuro inmediato.
Urgente revertir la situación en las minas de carbón rojo
La región carbonífera de Coahuila es la más importante del país al abastecer el 99% de la producción nacional de este mineral, pero aun así se registran eventos fatales repetitivos en sus entrañas desde 1883.
¿Inseguridad? ¿Negligencia? Ambas, más un cúmulo de factores que son el atenuante de estos accidentes, que no dejarán de suceder si las autoridades no hacen nada al respecto.
Por lo pronto, las organizaciones civiles piden urgentemente medidas de no repetición. Asimismo, prohibir los pozos de carbón e instaurar protocolos de atención a emergencias mineras.
De la misma forma, en mayor medida, exhortan a la CFE a evitar la compra directa o indirecta del carbón rojo, cuya extracción pone en peligro cientos de vidas de mineros.
Seguramente esta actividad seguirá teniendo vigencia y seguirá siendo la forma de vida de muchas familias, pero puede serlo con dignidad y respeto a los derechos de los trabajadores.
Y finalmente, será también responsabilidad de la STPS llevar a cabo las inspecciones necesarias para evitar más sucesos como el ocurrido en Sabinas o Pasta de Conchos.
Aunque, la gran solución yace en replantearse no una sino varias veces más, la necesidad de acelerar la transición hacia las energías limpias, dejando de lado los combustibles fósiles, porque en la medida de que eso ocurra, puede pensarse que terminarían estas prácticas o al menos serían objeto de mejoras sustanciales en su operatividad, sobre todo en beneficio de los trabajadores y sus familias.