México.- La iniciativa de reforma constitrucional con relación al sector energético presentada ante el Congreso por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 30 de septiembre de 2021, permanece en pausa en la Cámara de Diputados después de su discusión a principios de este año.
La propuesta dispone algunas modificaciones a los conceptos generales que rigen el sector energético, principalmente el eléctrico en el país, incluidos los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con una serie de artículos transitorios.
No obstante, dicha medida también propone un cambio de dirección de la reforma energética promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto en 2013, que abrió el sector a la inversión privada y creó un mercado eléctrico basado en el principio del “despacho económico”.
Aunque la iniciativa de reforma se centra en consolidar las actividades del sector eléctrico, también propone algunos cambios en la cadena de valor del sector de los hidrocarburos, con la consolidacioón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como entidades gubernamentales y no como empresas productivas del estado.
Asimismo, en la propuesta de reforma, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad gubernamental que opera el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, se integrarían a la CFE.
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Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador de las actividades del mercado eléctrico, de petróleo y gas mid-downstream, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órgano regulador de las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas, se extinguirían y sus facultades serían asumidas por la Secretaría de Energía (SENER).
La iniciativa de reforma constitucional también propone borrar el principio de despacho económico y eliminar la referencia del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica que dice: “la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en régimen de libre competencia”.
Ante esto, de aprobarse la reforma energética, la CFE tendría la autoridad para determinar las tarifas de Transmisión y Distribución y de anular el programa de Certificados de Energías Limpias, así como el derecho constitucional de generar al menos el 54% de la energía de México (dejando el 46% restante a la iniciativa privada).
De esta manera, inversionistas y operadores del sector energético en México preven que los cambios contradicen la legislación vigente y la Constitucion, en lo que se refiere a los contratos de financiamientos existentes para los proyectos de energía y energías renovables en curso, así como con las estrategias de protección y defensa de sus inversiones.
De aprobarse, la reforma también podría hacer ejecutables disposiciones de cambio de ley, incumplimiento y derechos de intervención, entre otras, incluidos típicamente en los contratos de financiamiento de proyectos existentes con instituciones financieras comerciales y de desarrollo.
Inversionistas y operadores podrían considerar estrategias de protección y defensa de inversiones locales e internacionales disponibles tras la aprobación de la iniciativa y de cualquier legislación secundaria.
Panorama de la Reforma Energética una vez aprobada
Varios frentes políticos y empresariales han enumerado una serie de acciones que podrían tomar en caso de que la iniciativa se apruebe. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió recientemente que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN: “En caso de que esta reforma sea aprobada, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad para demostrar la violación a los principios de derecho a un medio ambiente sano, no retroactividad de la ley en perjuicio de los ciudadanos y legalidad consagrados en nuestra Carta Magna”.
De igual forma, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ha mostrado su negativa a la propuesta. El presidente del organismo Enoch Castellanos Ferez, afirmó que los mexicanos no deben aceptar la reforma eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque es regresar al pasado en cuanto a generación de energía, debido a que la inversión en las energías limpias y de nueva generación no están contempladas en la iniciativa de reforma.
En particular, la reforma también podría establecer el incumplimiento por parte de México de sus obligaciones en virtud del Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y/o el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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