Finalmente, la reforma a la LIE fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada en San Lázaro.

Crónica de una reforma transfigurada

Hasta hace algunas semanas, el debate público en torno a la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, no daba tregua a los posicionamientos tanto de instancias gubernamentales en favor del Ejecutivo Federal, así como las que prevalecían en contra, cortesía de la oposición y la Iniciativa Privada (IP). 

Fueron meses arduos de críticas por parte de ambientalistas y el sector empresarial, quienes señalaban que la reforma del presidente atentaba contra la sana competencia en la generación y distribución de energía eléctrica en el país.

Asimismo, aseguraban que dicha reforma cerraba las puertas a la transición de energías alternativas, obstaculizando la llegada de inversiones, e incluso, desafiando lo suscrito en materia comercial en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y en materia ambiental con el Acuerdo de París. 

Esta discusión se remonta a febrero de 2021, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados, tras 15 largas horas de discusión, aprobó en lo general y en lo particular, modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, haciéndolo posible con 289 votos a favor por 152 en contra; sin embargo, fueron paralizadas en tribunales. 

Otorgarle beneficios prioritarios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados, los cuales ganaron espacios gracias a la liberación de mercado que significó la reforma de 2013; además, de obligar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos, a través de lo que se consideraba como “fraude a la ley”, eran algunas de sus premisas. 

Fue así como para el último trimestre de 2021, el presidente promovió la reforma constitucional en materia eléctrica, a la que calificó como “vital para su proyecto de transformar a México”, pero como se previó que sucedería, encontró rechazo del sector empresarial y una buena parte de la opinión pública, aun cuando su propuesta declaraba protección a los consumidores y hacer más independiente al país energéticamente. 

Debido a las críticas que se hicieron al respecto, entre los que se destacaba que la reforma dañaría la inversión extranjera y violaría algunas de las obligaciones internacionales que desencadenarían en disputas legales, a los congresistas del partido oficial no les quedó de otra más que retrasar la legislación hasta mediados de abril de 2022, teniendo previamente de por medio la celebración de un Parlamento Abierto para discutir el tema. 

Sin embargo, a principios del mes de abril del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó y desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica de 2021. 

Al no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos necesarios, ningún artículo de la LIE se declaró inconstitucional, pero tampoco se avaló la constitucionalidad de la LIE con efectos generales e inmediatos, por lo que todas sus disposiciones seguirán pendientes de los numerosos juicios de amparo y de los recursos en contra de las sentencias, que deberán de ser resueltos por los órganos judiciales correspondientes.

En particular, los asuntos analizados y votados por la SCJN fueron el artículo 3°, fracciones V, XII, XII bis y XIV; el artículo 4°, fracciones I y VI, además de los artículos 26, 35, 53, 101 y 108, fracciones V y VI. 

Tras el fallo de la Corte, variadas fueron las reacciones, como el de la Secretaría de Energía, que a través de su titular calificó la decisión como una “buena noticia” porque “en todo momento se ha pensado en favorecer a los mexicanos y salvaguardar la seguridad energética”. 

No obstante, el capítulo final reservó un giro argumental para este asunto; ya que, en San Lázaro, el presidente recibió su primera gran derrota parlamentaria, debido a que su reforma no logró la mayoría calificada de dos tercios de los curules, al registrar únicamente 275 votos de los 334 que necesitaba. 

Como era de esperarse las descalificaciones cruzadas fueron el sello de una maratónica sesión en la que se determinó seguir apostando por el desarrollo de energías limpias, buscar la llegada de más inversiones y evitar una confrontación o conflicto bilateral por una potencial rescisión de contratos. 

Además, se frenó el intento por dar vida a una paraestatal que está destinada a desaparecer por obsoleta y poco competitiva, sin mencionar que la calidad de su energía dista de los estándares que debería producir y distribuir. 

Por lo pronto, quedan por delante algunas demandas que exige todavía el presidente, como la de rescindir los permisos de autoabastecimiento, así como la entrada en vigor de la reforma a la Ley Minera que otorga al país prioridad para la explotación del litio.  

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