En medio de un panorama económico marcado por la controversia y las críticas de analistas, firmas financieras y calificadoras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Rogelio Ramírez de la O, ha anunciado una estrategia de financiamiento sostenible que plantea un nuevo rumbo para el desarrollo económico de México.
La polémica se desató tras la aprobación del quinto paquete económico de este sexenio, que incluye un déficit fiscal significativo. Esto, sumado a un gasto que supera en casi 2 billones de pesos los ingresos proyectados para el año, que generó inquietudes sobre la prudencia fiscal del gobierno actual.
Sin embargo, la SHCP ha respondido con una estrategia audaz que busca no solo garantizar la sostenibilidad financiera, sino también cumplir con las metas de desarrollo sostenible para México hasta el 2030. Según los cálculos gubernamentales, se necesitará movilizar anualmente 1.7 billones de pesos, equivalente al 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2023, para alcanzar estos objetivos.
La estrategia se apoyará en diversos instrumentos financieros, como la emisión de bonos etiquetados, la colocación de garantías y créditos verdes, y la inversión en proyectos de infraestructura estratégicos, entre otros. Con estas iniciativas, el gobierno de México pretende movilizar directamente alrededor de 1.74 billones de pesos entre 2023 y 2030.
SHCP buscará fomentar equidad y la justicia social en desarrollo económico
Un punto crucial en esta nueva dirección económica es la inclusión del sector privado en proyectos innovadores que generen beneficios ambientales y sociales. Esto representa un cambio importante en la política económica actual y refleja el reconocimiento de que la inversión pública por sí sola no es suficiente para impulsar el crecimiento económico sostenible.
La estrategia también aboga por la participación activa del sector social de la economía, que incluye ejidos, comunidades y sociedades cooperativas, entre otros actores. Esto se presenta como una oportunidad para fomentar la equidad y la justicia social en el proceso de desarrollo económico.
A pesar de estos planes ambiciosos, algunos críticos argumentan que esta estrategia choca con las acciones previas del gobierno federal, especialmente en el sector energético, donde se ha dificultado la participación de la iniciativa privada.
Además, existe la preocupación de que las tensiones con Estados Unidos sobre las inversiones extranjeras en hidrocarburos y electricidad en México puedan afectar la implementación de esta estrategia.
Con información de El Economista
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