México.- La iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prevé que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reintegre en un solo organismo del estado, eliminando las subsidiarias y filiales existentes actualmente, para tomar el control de la generación de energía en al menos el 54%, dejando el 46% restante a la inversión privada, unido a su objetivo de volver a otorgar el control absoluto del suministro de energía eléctrica en el país a la entidad estatal.
Adicionalmente a dicho objetivo, pretende desaparecer a los órganos reguladores del sector energético –la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– e integrar nuevamente el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE.
Las razones por las que se pretende justificar esta reforma constitucional son diversas y tienden a confundir la legislación vigente desde las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1992, con la normatividad aplicable tras la reforma constitucional en materia de energía de 2013, la cual estableció un régimen de libre concurrencia y competencia en los eslabones de generación y suministro de electricidad y; asimismo, establecer la expansión y diversificación de la infraestructura de generación y transmisión del país, impulsando la transición hacia el uso de energías limpias y sus correspondientes metas a nivel nacional e internacional.
Antes de la reforma, el sistema eléctrico era operado de forma exclusiva por la CFE, como entidad verticalmente integrada, que generaba y suministraba a usuarios residenciales e industriales, exceptuando a los Productores Independientes y aquellos clientes con electricidad operada bajo el régimen de Autoabastecimiento Las tarifas y las decisiones de inversión se regían por criterios ajenos al mercado, en una lucha perpetua entre el costo energético y la gestión de deuda pública por parte del estado.
Tras la reforma del 2013, CFE se divide en distintas empresas siguiendo las nuevas modalidades de participación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), desde la generación, a través de sus empresas productivas del estado (EPS); al suministro, a través de CFE Suministrador de Servicios Básicos y de la subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Calificados, buscando la competencia, reducción de costos, o el incremento del beneficio generado por cada entidad, dependiendo de su función y estatutos legales.
A pesar de las buenas intenciones y estructura dotadas al nuevo mercado eléctrico nacional, se han venido acumulado un gran número de problemas desde su creación, en algunos casos intencionados y en otros no tanto, que han derivado en una situación de necesaria revisión del marco regulatorio vigente, y del funcionamiento del mercado en general, incluyendo la CFE y su posicionamiento en el mismo.
La cancelación de las Subastas de largo y mediano plazo, el hecho de que nunca se llegase a implementar el Mercado Horario en tiempo real; productos alternativos como los Derechos Financieros de Transmisión; o los numerosos problemas de registro de participantes, activos y usuarios en el nuevo mercado, son algunos de los ejemplos de pilares diseñados originalmente para el correcto funcionamiento del MEM, siendo difícil juzgar la eficacia de los resultados obtenidos a día de hoy, incluyendo a través de las tarifas de suministro vigentes y sus esperados ahorros por parte usuarios finales, que en muchos casos nunca han llegado a realizarse.
La idea de esa reforma fue diversificar la cadena de valor del sector energético —generación, transmisión, distribución y comercialización— y atraer inversiones de todo tipo, introducir nuevas tecnologías e impulsar el abasto energético.
En ese sentido, dicho régimen de competencia para la generación y comercialización de energía eléctrica fue impulsado para ofrecer servicios de mejor calidad y el abastecimiento oportuno de la energía eléctrica a nivel nacional
De acuerdo con el artículo 28 constitucional —en lo conducente a los aspectos de competencia— un mercado competitivo está pensado en el principio básico al beneficio del consumidor, lo que a su vez se traduce en un abasto de bienes y servicios en las mejores condiciones posibles de calidad, disponibilidad, variedad y precio. Desde 1917, el objetivo de este precepto es preservar un bien jurídico individual con el propósito de evitar ventajas indebidas y proteger al público en general.
Es por ello que, el desafío de todo país es contar con recursos energéticos suficientes y competitivos para apoyar el desarrollo. Considerado como un insumo esencial para la sociedad, la energía, su disponibilidad y abastecimiento, influyen directamente en el crecimiento social y económico. La falta de acceso a fuentes y redes de energía confiables constituye un obstáculo para el progreso social sostenible, para el crecimiento económico y para el bienestar de la población.
De acuerdo a la teoría de gestión empresarial, uno de los principales medios para alcanzar la competitividad es mediante la innovación, lo que a su vez impulsa la permanencia en el mercado, creando valor a sus principales grupos de interés.
Por ello, es necesario fortalecer las condiciones de competencia en el frente institucional con leyes de competencia sólidas y autoridades confiables que las apliquen. La política de competencia debe visualizarse como una medida que guíe decisiones, esfuerzos, leyes y políticas públicas en múltiples frentes.
Este desarrollo competitivo también debe de tener en cuenta los retos actuales de la CFE, y en específico CFE Suministrador de Servicios Básicos, dotándole de las mismas herramientas para su correcta operación y manejo de riesgos dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, que las existentes para el resto de participantes de dicho mercado, a través de leyes secundarias y mecanismos que le den apoyo en su función de garantizar el abasto eléctrico para la población, a precios asequibles.
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