La reciente modificación del criterio por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que busca considerar a las centrales de ciclo combinado como energía limpia, ha generado preocupación y cuestionamientos en diversos sectores. Esta decisión ha dado lugar a debates intensos sobre su validez, sus implicaciones legales, económicas y medioambientales.
En primer lugar, es importante destacar que esta modificación no implica una reforma legal, sino una redefinición del criterio regulatorio que se sitúa por debajo de la Ley de Transición Energética.
La ley, en su definición clara de los ciclos combinados, no los clasifica como energía limpia. Por lo tanto, surgen interrogantes sobre la consistencia y la base jurídica de la decisión de la CRE, ya que la jerarquía jurídica establece que la ley prevalece sobre las regulaciones.
Esta contradicción legal plantea dudas sobre la solidez jurídica del acuerdo y la posibilidad de que sea impugnado en tribunales. Es probable que se presenten recursos legales por parte de grupos ambientalistas y otros actores interesados, quienes argumentarán que esta modificación contraviene los principios establecidos en la Ley de Transición Energética y que podría tener un impacto negativo en los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, la emisión de Certificados de Energía Limpia (CEL) para las centrales de ciclo combinado que entraron en operación después de octubre de 2014, sin una clara distinción entre energía limpia y no limpia, puede desvalorizar los CEL legítimos y socavar el propósito fundamental de impulsar la transición energética.
Modificación del criterio de la CRE podría generar saturación del mercado de CEL
Esto podría llevar a una saturación del mercado de CEL, ya que se estarían emitiendo certificados para tecnologías que no cumplen con los criterios internacionales de energía limpia, lo cual podría generar desconfianza y perjudicar la efectividad del sistema de certificación.
Por otro lado, la compra de energía junto con CEL en subastas puede tener implicaciones económicas significativas, especialmente para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al aumentar el costo de adquisición de energía, la CFE podría enfrentar mayores gastos operativos y afectar su competitividad en el mercado eléctrico. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera de la empresa estatal y la posibilidad de que estos costos adicionales se trasladen a los consumidores.
Asimismo, la modificación del criterio sin consulta pública ha generado críticas y se considera una limitación a la participación ciudadana. Este aspecto es especialmente relevante, ya que afecta los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar las decisiones regulatorias. La falta de involucramiento de los actores clave en este proceso puede socavar la legitimidad y aceptación de la modificación, y podría ser motivo de impugnación ante el Poder Judicial.
Con información de Energía a Debate
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