La cobertura eléctrica en México es un tema que ha estado en el centro de las políticas gubernamentales, especialmente en el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 2025-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que tiene como objetivo la justicia energética.
Dicha iniciativa circula ante un contexto histórico de desigualdades en el acceso a la energía, donde muchos mexicanos todavía carecen de un suministro eléctrico constante y confiable.
Al respecto de esto, Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), refirió que actualmente el servicio eléctrico ha alcanzado una cobertura nacional de 99.64%.
Sin embargo, la llamada justicia energética aún se encuentra ausente en algunas zonas de entidades como Nayarit, Chiapas y Oaxaca, donde se presenta un mayor rezago en términos de cobertura eléctrica, al encontrarse por debajo de la media nacional.
Pero, tampoco es situación de alarma; ya que, por ejemplo, la cobertura en Nayarit es de 98.76%, en Chiapas de 98.90% y en Oaxaca de 98.91%.
La cifra mágica, según refieren las autoridades federales como de la propia CFE, es 490 mil habitantes que estarían contemplados en el avance de justicia energética.
Realidad disímil de la justicia energética
Ahora bien, cabe mencionar que detrás de las cifras que comparte la CFE existen también notables disparidades regionales y socioeconómicas.
Áreas rurales y comunidades indígenas que siguen enfrentando desafíos significativos para acceder a la electricidad, lo que perpetúa ciclos de pobreza y limita el desarrollo económico, así como desigualdad en el acceso a la calidad del servicio, donde muchas familias experimentan interrupciones frecuentes y tarifas elevadas.
Tal vez lo que se requiera sea tiempo, toda vez que fue recién el año pasado cuando el Congreso de la Unión aprobó el paquete de reformas para garantizar la justicia energética en el país, principalmente en comunidades rurales y zonas marginadas.
El acceso a infraestructura confiable, asequible, segura y limpia que atienda las necesidades básicas, con reducción de los impactos en la salud y en el medio ambiente son parte de las garantías que a través de la otrora paraestatal deberá alcanzar el Gobierno Federal.
La meta, según fue informado yace en que en el transcurso del periodo 2025-2030 se lleven a cabo 42 mil 221 obras de electrificación en todo el país con una inversión total de 14 mil 309 millones de pesos para beneficiar a 557 mil 817 habitantes, por lo que hay mucho tiempo para esperar los resultados y hacer una nueva evaluación.
Por lo pronto, y mientras ocurre, la crítica y algunos especialistas no dejarán de cuestionar la viabilidad y ejecución de dichas políticas en un contexto donde la infraestructura existente requiere inversiones significativas y modernización.
Sin olvidar que, las políticas de justicia energética deben considerar la diversidad de contextos en el país.
Con información de Energía a Debate