México, 22 octubre.- Siguen avanzando sin ninguna clase de traba los deseos del Gobierno Federal en materia energética. Recién la Cámara de Diputados y posteriormente, la Cámara de Senadores, aprobaron la conversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) en “empresas públicas del Estado”.
Con ello, la otrora paraestatal quedó adecuada bajo el carácter de preponderante en el sector eléctrico, con respecto a la iniciativa privada.
Si bien en los recintos legislativos este tipo de discusiones en la nueva Legislatura están teniendo la particularidad de tener el sello de larga discusión, lo cierto es que hasta ahora en prácticamente todos los debates y votaciones Morena y sus aliados han logrado alzarse con la victoria.
Y en este caso en particular, lo aprobado gira en torno a la etiqueta de permitir al Estado recuperar la soberanía energética, que en términos prácticos revierte lo aprobado en diciembre de 2013 durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las voces oficialistas niegan que CFE y/o PEMEX vayan a crear monopolios; sin embargo, la oposición se aferra a decir que, de presentarse dichos escenarios, se estaría desincentivando la inversión, la competencia y la modernización en el sector energético, lo cual para un país como México sería catastrófico, sobre todo en un momento crucial donde los picos de crecimiento podrían beneficiarse aún más por la relocalización de empresas.
Por lo pronto ya no hay vuelta atrás, toda vez que las minutas enviadas desde la Cámara de Diputados a la de Senadores, y que reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, fueron aprobadas, y turnadas a su vez a los Congresos Estatales.
Ahora bien, lo que hace ruido es el hecho de que se otorgó al Estado el cargo de la transición energética, para lo cual utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.
En este sentido, hay que regresar unos días atrás de nuevo al recinto legislativo de San Lázaro, en donde de último momento se promovió la eliminación de la responsabilidad exclusiva del Estado mexicano de llevar la transición energética, un movimiento que a todas luces puede significar un halo de esperanza para la participación de la IP.
El texto original fue cambiado y con ello, de manera sutil también se advirtió que tanto CFE como PEMEX, ahora empresas públicas, no cuenta con los suficientes recursos para ello.
Es pronto para asegurar si este pequeño-gran ajuste de último momento tendrá repercusiones serias o será un parteaguas en la participación de la IP en los cambios y transformación del sector energético en los próximos años; no obstante, también puede ser una forma para que el Gobierno desestime su responsabilidad de invertir y deje esa carga al entorno privado.
Mención aparte lo que de esto derive en materia social, académica o de investigación, porque si bien ya resulta un reto importante la inversión en infraestructura o tecnología, más lo es estos otros rubros.