Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la existencia de un proyecto para que, la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Tula, Hidalgo, sustituya el combustóleo por gas natural.
En primera instancia, dicha conversión representa un cambio significativo tanto desde el punto de vista energético como ambiental y se estaría enmarcando dentro de una estrategia más amplia para mejorar la calidad del aire y reducir la dependencia de combustibles fósiles más contaminantes.
No obstante, la decisión toma otro matiz el cual está directamente ligado al desempeño de la producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sobre todo porque desde el pasado sexenio existió una postura renuente para abandonar el uso de combustibles fósiles.
Ahora bien, tal como lo cita la nota “Central eléctrica de Tula se reconvertirá a gas natural” de El Economista, publicada el 6 de enero de este año, la elaboración de la refinería Miguel Hidalgo de Tula, lleva el nivel más bajo de los últimos 35 años, aunque es justamente el combustóleo (lo que uso la Central Eléctrica vecina para hacer funcionar sus cinco plantas de arranque) lo que más produce.
Sin especular, lo destacable estaría en pensar que la estrategia energética en la presente administración federal es otra a la de su antecesora, y que, en efecto, la conversión apunta a la mitigación de las emisiones de gases contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2) que produce la Central Francisco Pérez Ruíz al utilizar combustóleo.
Transición, ¿Lo mejor para Tula?
De la misma forma, desde una perspectiva más analítica, yace como fundamental considerar varios aspectos en dicha transición, principalmente que se contribuiría a mejorar la calidad del aire en una región que ha enfrentado desafíos ambientales significativos.
Aunque, esto último también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y las implicaciones económicas; ya que, a largo plazo, también resultaría imperativo no desechar un cambio hacia fuentes renovables, como la energía solar o eólica, que podrían ofrecer una solución más efectiva y duradera.
Si la decisión gira en torno a un objetivo ecológico escalable y mutable en los siguientes años, puede que sea acertada y hasta plausible, pero de lo contrario estaría solo obedeciendo a implicaciones meramente económicas de una empresa del Estado (PEMEX) que de por si ha presentado números alarmantes en su producción y desempeño general en los últimos años.
Por lo pronto, se sabe que la elaboración total de combustibles en la refinería de Tula comenzó a descender desde hace un tiempo, entre otros factores por paros programados en infraestructura dañada, necesidad de bajar la elaboración de residuos, cambio de equipos y la nueva planta coquizadora próxima a entrar en funciones.
Pero en todo esto, brilla con luz propia un impacto económico de mayor trasfondo, el cual luce desde potenciales gastos en infraestructura y tecnología para soportar la conversión hasta como se traduciría dicho cambio en el precio de las tarifas eléctricas para la población.
Por lo pronto, lo que sigue es esperar a la cristalización de la conversión para llevar a cabo un pertinente análisis de su impacto inmediato, así como a mediano y largo plazo.